Un antiguo axioma del mundo de las finanzas sostiene que hay dos formas de enfrentarse a una crisis bancaria: o con tiempo o con dinero. El tiempo permite revertir la situación gracias la mejora del ciclo económico (caída de la morosidad y recuperación del crédito), mientras que el dinero tapa los agujeros de una vez, pero a través de una socialización de las pérdidas. O lo que es lo mismo, mediante eso que los anglosajones denominan ‘moral harzard’. Este concepto es muy conocido y surge cuando alguien asume demasiado riesgo porque sabe que al final un tercero (el contribuyente) pagará la fiesta. Ningún país sensato está dispuesto a dejar caer su sistema financiero, y eso lo saben todos los banqueros del mundo.
En el caso de Bankia-Caja Madrid nunca hubo tiempo en medio de la tormenta del
euro y de la
recesión, y cuando llegó a España el
dinero -junto a la intervención parcial de la economía- era ya demasiado tarde. Los restos de la caja de ahorros estaban ya sobre el arcón. Y sólo los 17.959 millones que
metió el Estado para salvar al finado (sin contar los
activos inmobiliariostraspasados a la Sareb) explican que hoy la entidad esté saneada. Evidentemente, con un indudable
riesgo moral: los contribuyentes han pagado los
destrozos.
En el camino, como todo el mundo sabe, se han quedado los anteriores gestores, a quienes hoy la justicia persigue con su habitual parsimonia. Pero fuera de esa investigación, como
relataba este sábado
Agustín Marco, se han quedado por ahora los auténticos responsables del fiasco:
Zapatero,
Solbes,
Salgado,
Vegara, Campa, Fernández Ordóñez,
Julio Segura,
Francisco Camps,
Esperanza Aguirre… Todos y cada uno eran los responsables (además de los gestores) del buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto.
Hoy, ninguno se sienta en el banquillo, que necesariamente no tiene por qué ser de naturaleza penal. Incluso David Vegara (quien decía a finales de 2008 que el sistema financiero español no tenía ningún problema de solvencia) o Campa pueden presumir de seguir teniendo alguna responsabilidad en el sistema financiero, lo cual es de aurora boreal. El primero como
alto responsable del
Mecanismo Europeo de Estabilidad y el segundo -
padrino de esos engendros que se llamaron SIP- como
directivo del Banco Santander.
Una cuestión de élites
Ni ellos ni ninguno ha dado explicaciones al parlamento, lo cual plantea serias dudas sobre la capacidad de la democracia española a la hora de pedir responsabilidades políticas a quienes contaban con instrumentos de fiscalización que no se han utilizado. Probablemente, porque las élites políticas y económicas que han gobernado este país durante décadas han tendido a protegerse, lo que explica la inoperancia del parlamento para ir al fondo de los problemas. No como un ejercicio de resentimiento o como un auto de fe para purificar almas de forma inquisitorial y satisfacer los bajos instintos, sino para sacar conclusiones y evitar más estafas.
Esta actitud nihilista del parlamento tiene mucho que ver con la propia personalidad de Rodrigo Rato, exponente de una forma de hacer política basada en el amiguismo durante su etapa en Bankia (Norniella, Castellanos, Chozas…). O antes en el Ministerio a través de eso que se ha venido en llamar‘capitalismo de amiguetes’.
Muchos de los diputados que hoy se sientan en el Congreso, de hecho, le deben sólo a él su carrera política, no a los electores. Lograron sus escaños tan sólo porque estaban cerca del poder en el momento oportuno. Y nadie como Rato (sólo Aznar) ha tenido tanto poder en el grupo parlamentario popular ya desde los tiempos de Hernández Mancha, cuando el expresidente de Bankia se reunía con los periodistas para conspirar contra su líder. Por cierto, de manera legítima.
Una de las cosas más aborrecibles del sistema político español es esa absurda unanimidad en los grupos parlamentarios (al menos de cara a los ciudadanos) sobre cuestiones que dividen a la sociedad. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene todavía una buena oportunidad de distanciarse de sus antecesores pidiendo una comisión de investigación sobre lo que ha pasado en las cajas de ahorros.
Rodrigo Rato era, por lo tanto, el hombre a cazar si se quería sanear ese monstruo de siete cabezas que era Bankia. Pero, desgraciadamente, tuvo que ser el FMI -y no el Banco de España o el propio Gobierno- quien tuvo que decir las verdades del barquero en un célebre
documento fechado el 25 de abril de 2012 en el que se ponía negro sobre blanco la insolvencia de buena parte del sistema financiero heredado de las cajas de ahorros. Aquel documento decía de forma precisa que “para preservar la estabilidad financiera, es fundamental que estos bancos [las antiguas cajas],
especialmente el más grande, tomen medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar las
prácticas de gestión y gobierno”.
El hecho de que el informe realizado por la misión del FMI, al amparo del artículo IV del Convenio Consultivo, señalara con el dedo acusador a un banco en particular fruto de una fusión de cajas -“especialmente el más grande”, decía el texto- es verdaderamente inusual, pero revelaba algo habitual en la economía española: los problemas tienen que ser identificados desde el exterior porque en el interior el sistema político tiende a ocultarlos. O lo que es peor, el sistema tiende a blindarse.
La información es dinero
Esa especial protección de los banqueros es todavía más insidiosa si se tienen en cuenta las características del negocio bancario. Merece recordar, en este sentido, un opúsculo firmado hace muchos años por José Ángel Sánchez Asiaín y Enrique Fuentes Quintana* en el que se reconocía que el principal privilegio de la banca era el manejo de la información, que necesariamente es asimétrica. Ningún otro intermediario financiero, sostenían, conoce mejor las tripas de su clientela. Y de ahí que su conclusión era que la materia prima del mundo financiero no era el dinero, sino la información.
Paradójicamente, en el caso de las cajas de ahorros, lo que sobraba era información. Había mucho material para haber actuado con anterioridad. Pero no se hizo. El cortafuegos funcionó. Básicamente por una razón. Los destinatarios eran los propios conmilitones de los partidos políticos encargados de fiscalizar esa información. Con razón, el abogado de UPyDAndrés Herzog suele decir que el problema de España no es la corrupción (que también), sino el amiguismo, que corroe y hace inservibles las instituciones.
© Reuters Rodrigo Rato, en una imagen de archivo. (Reuters)
Ese ha sido, en realidad, el gran error de Rodrigo Rato, haber creado durante sus ochos años de ministro de Economía una red clientelar que ha acabado por devorarle a él mismo. Incluso su nombramiento es fruto de pactos de familias dentro del PP.
Sería injusto, sin embargo, cargar en él todas las culpas. Todas y cada una de las instituciones han colaborado en el desaguisado.Y Rato tiene razón cuando sostiene que el Banco de España avaló las cuentas de Bankia. Pero ya se sabe que Roma no paga traidores y en España siempre se necesita un chivo expiatorio al que cargarle todas las culpas. Es lo más fácil para no desmontar un sistema de representación que está en el origen del colapso de Bankia y de otras cajas de ahorros abatidas por fuego amigo.
*Reflexiones sobre la banca. Biblioteca de Economía Espasa Calpe. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid 1992.
Mi SOLIDARIDAD con este articulo.
